La situación es crítica. España ante una recesión económica con una balanza
comercial desequilibrada, dependiendo excesivamente de la demanda interna o
consumo interno, con restricciones de crédito, una alta tasa de desempleo y una
inflación europea puede optar por dos opciones. Primera, puede apostar por
empobrecerse aún más para devaluar su mano de obra, cercenar derechos y así poder
competir con otros países más pobres que España, por ejemplo Marruecos. O segunda,
apostar por la inversión en políticas sociales al objeto de reducir
desigualdades, impulsar la internacionalización de sus empresas y apoyar la I+D+I
y las energías renovables como viene haciendo la Junta de Andalucía, respondiendo
así a su programa electoral y a lo que una buena parte de los economistas
internacionales aconsejan (Krugman, Sitglitz, Navarro, Torres López, etc.),
desde la igualdad de oportunidades que provee el Estado Social generar empleo
cualificado y productos con valor añadido cuyo competitividad se base en la
innovación y no en mano de obra barata.
El gobierno del Partido Popular ha optado claramente por lo primero.
Arguyendo un déficit sorpresa generado por las Comunidades Autónomas donde
gobierna, ha resuelto una serie de recortes que afectan gravemente al modelo
económico de Andalucía y España. En primer lugar una moratoria a las renovables
cuya primera consecuencia es que alrededor de 246 instalaciones en Andalucía se
pueden ver afectadas y proyectos eólicos paralizados, empresas que generan
energía limpia y que equilibran nuestra balanza de pagos cuyo déficit se basa,
en gran parte, en importación de combustibles y materias fósiles. Empresas que
generan empleo cualificado y que invierten en innovación. Por otro lado el
“recorte Mariano” a las políticas de apoyo a I+D+I en 600 millones de euros,
cuyo 50% recibía Andalucía, es un duro revés al modelo competitivo basado en la
innovación, respondiendo a su modelo de competir por mano de obra barata. El
modelo del anterior presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, que llevó a la
quiebra a Marsans y a Air Comet, y cuya solución para salir de la crisis era
“trabajar más y ganar menos”.
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| DÍAZ FERRÁN |
En esta operación de devaluación de la mano de obra española ha culminado
la reforma laboral. Aumentar el periodo de prueba a un año, en las pymes de 50
trabajadores, es decir, podrán despedirte sin indemnización y sin motivo
durante un año, despido libre. Pasar de 45 a 20 días el despido sin tener que
pasar por tribunales, reduciendo las mensualidades a 12 y en todo caso el
trabajador reclamando 33 días por mes a un juez. La modificación sustancial de
las condiciones de contrato del trabajador que lo único que le queda si no lo
acepta es despido con 20 días por mes o recurrir a un tribunal. Ampliar el contrato
de formación hasta tres años o la desaparición progresiva de los sindicatos en
el marco de la negociación laboral dibujan un panorama económico sombrío que
incluso hace reconocer al Gobierno que no ayudará a crear empleo.
En este contexto la juventud, cuya tasa de desempleo es insoportable,
además se encuentra con la paralización de las ayudas al alquiler, la
precarización de sus futuros contratos y la percepción de que nos adentramos en
un futuro económico donde su nivel de cualificación va a servir para poco en un
modelo empresarial donde “trabajar más y ganar menos”
